La inmersión lingüística catalana podría tener sus días contados. Un nuevo fallo judicial, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), obliga a la Generalitat a liquidar en el plazo de dos meses el actual modelo lingüístico educativo, que impone el catalán como única lengua vehicular en las aulas.
Es el sexto varapalo judicial al gobierno catalán en materia lingüística en menos de ocho meses tras las tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) del pasado diciembre y las dos posteriores de mayo. Todas ellas, instan a la Generalitat a acabar con la inmersión y romper así con el monopolio del catalán en la enseñanza. En la actualidad, todas las clases se imparten en la lengua autonómica, exceptuando la de lengua española y de idioma extranjero.
El auto del Tribunal catalán supone el toque de atención más contundente que da la autoridad judicial catalana al Gobierno respecto al conflicto lingüístico, que colea desde hace seis años y que se agudizó con la aprobación de la nueva Ley Educativa Catalana (LEC) de 2009, que blindaba el modelo de inmersión lingüística imperante, excluyendo definitivamente el castellano como lengua cooficial.
El fallo coincide con los anteriores del TS y remite a la «nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) —sentencia 31/2010— que equipara catalán y castellano como lengua de uso en la enseñanza, y que a su ver deriva de la sentencia del mismo tribunal sobre el Estatuto. El TSJC no sólo ratifica los anteriores fallos sino que acota el período a la Generalitat para que adopte las medidas pertinentes con el fin de que las dos lenguas oficiales tengan el mismo peso en las aulas y advierte de «las consecuencias legales que su incumplimiento puede suponer», tanto a nivel administrativo como penal.
«No cambiaré el modelo» La consejería de Enseñanza anunció ayer que recurrirá el auto y que no piensa acatarlo. «Estoy convencida de que no hará falta cambiar el modelo», dijo la consejera Irene Rigau.
El fallo ha sido recibido como una victoria por los defensores del bilingüismo organizados en la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC) y que cuentan con el apoyo del PP y de Ciutadans (C's). El PP catalán anunció que presentará una propuesta de resolución en el Parlament para forzar al Govern a cumplir el fallo del TSJC, que Ciutadans interpretó como un «triunfo del Estado de derecho».
El presidente de CCC, Francisco Caja, celebró el nuevo pronunciamiento judicial y amenazó con presentar una querella criminal contra el Govern si no lo cumple. El auto conocido ayer señala que el tribunal catalán ya acordó el 22 de junio requerir al Govern una explicación sobre «las medidas concretas» adoptadas tras los fallos del TS. En un escrito de 13 de julio, Rigau se limitó a responder alegando que «la inmersión lingüística» garantizaba lo exigido por el tribunal estatal. La ministra de Defensa y futura candidata al PSC, Carmen Chacón, ERC y SI defendieron ayer el actual modelo de inmersión.
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